Los toques de atención del Banco de España a las políticas de Escrivá

Sin embargo, dos ideas subyacen en la mayoría de los análisis que se han llevado a cabo desde el supervisor en los últimos años sobre la labor del nuevo dirigente de la institución: las previsiones de impacto de la reforma elaboradas por el Ejecutivo están sujetas a una elevada incertidumbre y el saldo conjunto vaticina un aumento de déficit en el sistema público -tanto en que los incrementos de gasto introducidos, especialmente por la indexación de las revalorizaciones con el IPC, no son cubiertos por las medidas compensatorias necesarias-.

Ya en la primera fase de la reforma, en la que Escrivá introdujo por ley la indexación con el IPC -que tanto el organismo supervisor como la AIReF, la Comisión, Fedea y el mismo Gobierno calculan que elevará para 2050 el gasto total en 2,7 puntos del PIB (40.500 millones extra al año)- el Banco de España advirtió de la brecha de gasto que supondría la introducción de la medida con respecto al escenario previo. Ya que en esta misma maniobra, el Ejecutivo derogó de facto la reforma de 2013 del PP al eliminar el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) y el Factor de Sostenibilidad que proveían un ajuste automático del gasto a futuro.

«Es deseable que se dote al sistema de una mayor transparencia y previsibilidad, con objeto de ofrecer certidumbre a los ciudadanos y de facilitar la toma de decisiones en los ámbitos del ahorro, el trabajo y la jubilación», señalaba el supervisor tras la primera fase de la reforma instando al entonces ministro Escrivá a «valorar la introducción de mecanismos automáticos de ajuste que adapten algunos parámetros del sistema a los cambios que se produzcan en las dinámicas demográficas y económicas».

Fue tras ese Informe Anual de 2021 (publicado en 2022) cuando Escrivá escenificó su desaprobación a la labor de Hernández de Cos en el plano analítico de la reforma asegurando públicamente que el informe adolecía de «falta de sofisticación» en sus referencias a las pensiones sin aportar «ningún elemento nuevo que le haga cambiar de idea sobre la sostenibilidad del sistema» y señalando que los mecanismos automáticos de ajuste sugeridos son «un fracaso abrumador».

Un año después, en el Informe Anual de 2022 (presentado en 2023 ya conociéndose el segundo mix de medidas destinadas el refuerzo de ingresos de la Seguridad Social que rubricó la reforma de pensiones) celebró la introducción de medidas de ajuste automático por parte del Gobierno en la versión definitiva del mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) que elevó las aportaciones y estableció la denominada cláusula de salvaguarda que insta al Ejecutivo a adoptar medidas por la vía del gasto (reducción) o de los ingresos (incremento de cotizaciones) para compensar el desequilibrio y evitar que el déficit se dispare.

Sin embargo, el Banco de España ya situó en este documento la necesidad de tomar medidas adicionales en virtud a esta cláusula. «El análisis conjunto de los principales cambios normativos introducidos en nuestro sistema de pensiones desde 2021 -si bien está sujeto a una elevada incertidumbre- apunta a que, previsiblemente, será necesario adoptar nuevas medidas a partir de 2025 para reforzar su sostenibilidad financiera».

Aquí, el ministro Escrivá llegó a negar el advenimiento de tal escenario, pese a que el organismo dirigido por De Cos ya había incluso calculado el volumen de desequilibrio a compensar en base al escenario central elaborado por la AIReF. «Desde la óptica del mecanismo automático de ajuste, los cálculos más recientes de la AIReF relativos a las medidas de ingresos sitúan el crecimiento de los recursos de la Seguridad Social en el 1% del PIB en promedio entre 2022 y 2050, mientras que el gasto en pensiones en el escenario base de la Autoridad Fiscal alcanzaría el 15,1% del PIB de media durante el mismo período». Aquí el Banco de España asimila estas previsiones y calculó el mecanismo automático de ajuste entrará en acción al objeto de corregir una desviación de 0,8 puntos porcentuales del PIB (12.000 millones de euros).

Y sobre esta premisa ahonda el supervisor augurando que siendo la medida más probable el alza de cotizaciones, se producirá un daño sustancial para el empleo. Calculando que el incremento de un punto porcentual en el tipo efectivo medio de las cotizaciones sociales podría generar, al cabo de cuatro años, una caída en el número de ocupados cercana al 0,25%. De acuerdo con la AIReF, el aumento del tipo efectivo alcanzará unos 2,7 puntos porcentuales una vez que los cambios acordados en las cotizaciones sociales estén completamente desplegados.

Y, por último, en el más reciente Informe Anual presentado en 2024, el supervisor advierte del elevado optimismo de la única medida de ahorro prevista en la dos fases de la reforma: los incentivos para demorar la jubilación de forma voluntaria. Según la memoria económica remitida por el gabinete de Escrivá a Bruselas, proveerá un ahorro máximo del 1,5% del PIB en 2050. Para llegar a ese supuesto el supervisor estima que el 100% de la población ocupada deberá retrasar su jubilación tres años más de la edad legal (a los 70 años).